no de los lemas con que se definió el bipartito municipal cuando llegó al poder, con el apoyo exterior de Ganemos Córdoba, fue el de ser «un gobierno para la gente». El mensaje era importante. Por un lado, se aludía de forma subrepticia, a que el anterior gobierno no lo había sido para la gente y, por otro, se apuntaba a que la gente —la expresión había sido acuñada en las filas podemitas para referirse a los ciudadanos— iba a ser la destinataria de la gestión municipal. La gente, no obstante, no eran todos los cordobeses, si nos atenemos a lo que alguno de los próceres del bipartito declaró hace algún tiempo, aunque pueda parecer mentira. La gente, según dejó caer Pedro García, eran únicamente los cordobeses que estaban en su onda ideológica y apoyaban sus planteamientos políticos. También, se hizo bandera de gobernar, con el término gente, para favorecer a los más necesitados. Los que ahora se ha dado en denominar como los más vulnerables. Eso significaba, desde la perspectiva municipal, por ejemplo, no actuar sobre los ocupas de Rey Heredia o establecer un bono para suministrar agua gratis, al menos para cubrir las necesidades básicas de una familia. Lo primero, lo de los ocupas, lo han cumplido. Lo segundo fue un fiasco porque el número de familias vulnerables que se acogía a la ayuda municipal del agua no fue más allá de unas cuantas docenas de personas. La realidad es que más allá de escorzos propagandísticos, el sistema de actuación municipal, para ayudar a quienes atraviesan por momentos de dificultad o a quienes las dificultades se han convertido en un elemento permanente en sus vidas, está centrado en la labor que se realiza desde los servicios sociales. En los municipios surgieron estos servicios en los años finales de los ochenta y principios de los noventa del pasado siglo. Se acababa con el concepto de beneficencia y se ponía fin a ciertas prácticas de limosneo municipal con que se habían atendido, peor que mejor estas necesidades.

Sin embargo, esto del gobernar para la gente no cuadra con la realidad que hemos conocido acerca de la situación de desbordamiento en que se encuentran los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba.Malamente se atiende a la gente cuando en los servicios sociales, según denuncia el Partido Popular, se tardan dos meses y medio, es decir setenta y cinco días, en dar respuesta a la petición de ser recibido. No podemos albergar dudas de que un importante porcentaje de esas solicitudes están determinadas por situaciones de urgencia que requieren una respuesta rápida. Señalaban los populares el caso de una persona que, habiendo pedido cita, la fecha que tiene dada es febrero del año que viene. Más de tres meses de retraso. Eso, en modo alguno, es gobernar para la gente. A no ser que esa gente no entre en los esquemas a los que aludía el teniente de alcalde García, teniendo en cuenta que el concejal a quien corresponden los servicios sociales, Juan Hidalgo Hernández, es correligionario suyo en Izquierda Unida y responda, por tanto, a sus mismos planteamientos. Esa situación es aún menos explicable cuando el remanente de tesorería con que el ayuntamiento de Córdoba cuenta en estos momentos supera los doscientos millones de euros. Algo que habla muy mal de su gestión y que anula cualquier justificación de falta de recursos para no contar con más personal para atender a la gente más vulnerable.

(Publicada en ABC Córdoba el 10 de noviembre de 2018 en esta dirección)